En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado
decisiones que afectan significativamente la implementación de los sistemas de
cumplimiento corporativo y gubernamental. Estas medidas plantean desafíos en la gestión
de riesgos y en la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional. A continuación,
analizamos dos de las más relevantes.
Suspensión Temporal de la FCPA: Implicaciones y Riesgos
Uno de los cambios más significativos ha sido la orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), vigente desde 1977. Esta normativa prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.
El argumento de la administración Trump es que la FCPA impone una regulación excesiva y coloca a las empresas estadounidenses en desventaja competitiva frente a compañías de otros países que operan bajo normativas menos estrictas. Sin embargo, esta decisión genera un debate sobre el equilibrio entre el cumplimiento regulatorio y la competitividad empresarial.
Desde una perspectiva de gestión de riesgos, esta medida tiene implicaciones clave:
- Carácter temporal de la suspensión: La orden busca revisar la FCPA para garantizar que cumpla su objetivo sin afectar la competitividad. No se trata de una derogación definitiva, por lo que las empresas deben seguir monitoreando posibles modificaciones regulatorias.
- Impacto en la lucha contra la corrupción: Suspender la aplicación de la FCPA puede debilitar los esfuerzos globales contra la corrupción y enviar una señal equivocada a otros países, generando un entorno más permisivo para prácticas ilícitas.
- Consecuencias para América Latina: En la región, la FCPA ha sido instrumental en la detección de casos de corrupción. Su suspensión podría reducir la transparencia y la gobernanza en países como Colombia, facilitando esquemas de sobornos y debilitando controles internos en empresas con operaciones transnacionales.
Los sistemas de cumplimiento deberán adaptarse a esta nueva realidad, manteniendo controles internos sólidos para mitigar los riesgos reputacionales y legales asociados a esta suspensión temporal.
Carteles de Drogas Designados como Organizaciones Terroristas:
Otra decisión clave ha sido la intención de la administración Trump de designar a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una clasificación que conlleva graves implicaciones en la política de seguridad y cumplimiento internacional.
Desde 1996, EE.UU. mantiene una lista de FTO, gestionada por el Departamento de Estado, que incluye a grupos como Al Qaeda, Estado Islámico, Hamas, las FARC y el ELN. Para ser catalogadas como tales, las entidades deben cumplir tres criterios:
1. Ser una organización extranjera.
2. Participar en actos de terrorismo o tener la intención de hacerlo.
3. Representar una amenaza para la seguridad de EE.UU. o sus intereses.
El desafío radica en que los cárteles, a diferencia de los grupos terroristas tradicionales, tienen un objetivo meramente económico, sin una motivación ideológica clara. No obstante, su designación como FTO permitiría a EE.UU.:
Ampliar su jurisdicción sobre estas organizaciones, incluso fuera de su territorio.
Aplicar sanciones financieras más severas contra cualquier entidad que tenga
vínculos con estos grupos.
Justificar operaciones preventivas y unilaterales en países como México,
Venezuela y Colombia bajo el argumento de seguridad nacional.
Posibles riesgos de esta designación
- Vulneración de principios de derecho internacional: La clasificación podría ser utilizada para justificar intervenciones militares bajo el pretexto de legítima defensa, como ocurrió en Irak en 2003.
- Posibilidad de operaciones contra líderes del narcotráfico: Bajo este marco legal, EE.UU. podría justificar acciones directas contra figuras como Nicolás Maduro, vinculado al Cártel de los Soles en Venezuela.
Varias órdenes de Trump han sido objeto de control constitucional. En este caso, habrá que esperar si la designación se mantiene o si enfrenta desafíos legales por la falta de un riesgo claro e inminente.
El Departamento de Estado ha respaldado la medida tras consultas con otras agencias del gobierno federal. Sin embargo, expertos en contraterrorismo advierten que la inclusión en esta lista debe basarse en criterios objetivos y no en decisiones políticas
Conclusión
Estas decisiones subrayan la necesidad de fortalecer los sistemas de cumplimiento y la gestión de riesgos en empresas y gobiernos. La suspensión de la FCPA y la designación de los cárteles como FTO podrían reconfigurar las estrategias de control en materia de corrupción y crimen organizado, afectando la transparencia, la seguridad jurídica y las relaciones internacionales.
Las organizaciones deben mantenerse alerta a estos cambios normativos y evaluar su impacto en la gestión de riesgos, asegurando que sus procesos de cumplimiento se adapten a la evolución del entorno regulatorio global.